La Procuraduría pidió tomar medidas para evitar que los turistas, tanto nacionales y extranjeros, sean víctimas de abusos por parte de vendedores ambulantes.
El trabajo de la fuerza pública evitó que estos elementos se activaran de forma descontrolada, afectando a la población civil y la movilidad por este sector.
Este riesgo fue evidenciado luego de una visita a los puntos más críticos. Las comunidades expresaron su preocupación por quedar incomunicadas con otras zonas del municipio.
El argumento principal expuesto por la Procuraduría es que no hay reglamentación clara para el evento, lo que pone en riesgo la integridad de los animales.
En total, esperan atender a 2.500 personas de los pueblos indígenas que habitan en zonas apartadas de Risaralda, entre las que se encuentran Kemberdé, Chifa, Dokabú y más.
